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Full text of "Miguel Soler 2013 La Educacion Y Los Derechos Humanos"

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Miguel Soler Roca 


La Educación 
y los Derechos Humanos 


Montevideo, noviembre 2013 




Miguel Soler Roca 


La Educación y 

los Derechos Humanos 


Ponencia leída en el Paraninfo de la 
Universidad de la República en la sesión 
del 7 de noviembre de 2013 del Primer 
Congreso de Extensión de la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), 6 a 8 de noviembre de 2013 



Edición del autor, con la colaboración de Cynthia Turenne; 
Distribución gratuita. 

Se autoriza su reproducción parcial o total mencionando la fuente. 
El autor agradecerá los comentarios que se remitan ai correo 
electrónico miauelsolerroca2391@adinet.com.uv 


La Educación y los Derechos Humanos 


Distinguidas autoridades, 

Amigas y amigos participantes en este Congreso. 


Ante todo; agradezco al Dr. Humberto Tommasino la invitación que 
me hizo llegar para participar con una ponencia en esta tercera 
versión del Congreso de Extensión. Como ya se ha explicado, una 
indisposición de mis vías respiratorias me impide dar personalmente 
lectura a mi trabajo. Expreso mi gratitud a quienes han hecho posible 
que el mismo llegue a ustedes en las mejores condiciones. 

Quisiera comenzar señalando la amplitud del tema a tratar, por lo que 
me limitaré a tratar, sacrificando principalmente a la filosofía y a la 
pedagogía implícitas en el tema, solamente algunos aspectos más 
bien operativos del mismo, con un enfoque general, en algunos casos 
de alcance nacional, en otros internacional. 


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La Educación y los Derechos Humanos 


La interdependencia entre la educación y los derechos humanos 

El estudio del enlace entre educación y derechos humanos nos 
llevaría a tiempos muy lejanos. Para darle una cierta actualidad, 
comenzaré evocando la Declaración Universal adoptada en 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se 
‘recomendó a todos los estados miembros que publicaran el texto de 
la Declaración y procuraran que fuese divulgada, expuesta, leída y 
comentada, principalmente en las escuelas y demás establecimientos de 
enseñanza, sin distinción alguna". Dice más adelante: “La Asamblea 
General proclama la presente Declaración (...) a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades y aseguren (...) su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos”. 

Es el de la educación el único sector mencionado específicamente en el 
preámbulo como difusor y promotor del conocimiento y respeto de los 
derechos humanos. Durante 65 años los educadores, cuántas 
veces sin saberlo, hemos sido depositarios de esta responsabilidad 
por mandato de la comunidad internacional. Importante tarea que refiere 
a derechos y libertades fundamentales, que no les voy a recordar por 
ser universalmente conocidos, entre ellos el derecho a la educación que, 
según el artículo 26, tendrá por objeto “el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales” y que “promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante¬ 
nimiento de la paz”. 

Primera convicción, pues: educación y derechos humanos constituyen 
un binomio conceptual indisoluble. Ni uno ni otro pueden prosperar 
por separado. En adelante, nadie podrá educar a nadie prescindiendo 
de este marco universal. Bien lo dice el artículo 40 de nuestra Ley 
General de Educación: “Se considerará la educación en derechos 
humanos como un derecho en sí misma, un componente inseparable del 


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La Educación y los Derechos Humanos 


derecho a la educación y una condición necesaria para el ejercicio de 
todos los derechos humanos”. 

El balance es bien conocido. Sería injusto no reconocer los progresos 
que los pueblos impusieron, con su afanosa y cotidiana brega, 
invocando muchas veces el enunciado explícito de aquellos y de 
nuevos derechos. Como sería mezquino no recordar la sacrificada lucha 
de un importante número de educadores que llevaron adelante, muchos 
de ellos con pérdida de su libertad y de sus vidas, por la vigencia de los 
derechos de sus alumnos, de sus pueblos y de ellos mismos. Es 
obligado mencionar entre ellos al maestro y periodista Julio Castro. 

Pero no es posible ocultar que la mayor parte de los infortunios que 
azotaban a la humanidad en 1948 continúan entre nosotros, algunos 
agravados. Entre el compromiso que todas las sociedades han 
contraído al suscribir los instrumentos nomfiativos que se han redactado 
y ratificado en algo más de medio siglo, por un lado, y nuestro 
comportamiento individual y colectivo, por otro, la contradicción es 
inmensa, injustificadamente crónica. La lista de violaciones es inter¬ 
minable e indignante. No dispongo de tiempo para demostrarlo con 
ejemplos, ni tampoco hacen falta. El artículo primero de la Declaración 
de 1948 expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". A escala 
mundial, no lo estamos haciendo, por lo menos en el grado necesario. 
¿Tenemos algo que preguntarnos a ese respecto los educadores? 

Estábamos advertidos de ello pero hemos olvidado las palabras de 
alerta contenidas en el preámbulo de la Declaración de 1948 que 
considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Se nos 
previno: si los derechos humanos no rigen, habrá rebeliones. Todos los 
días sabemos de ellas; basta encender el televisor, abrir el periódico, 
consultar la computadora. Una vez más, ¿es este tema de injerencia de 
los educadores? 


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La Educación y los Derechos Humanos 


El derecho a la educación 

Nuestra Constitución no proclama de manera explícita el derechq a la 
educación de toda persona, como lo hace la Declaración de derechos 
humanos del año 48. Sí define en su artículo 41 “el cuidado y educación 
de los hijos (...) como un deber y un derecho de los padres". Su 
artículo 70 ha quedado desfasado, puesto que prescribe la obliga¬ 
toriedad solamente para la enseñanza primaria y la enseñanza 
media, media, agraria o industrial, lo mismo que el artículo 7í que 
declara de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, 
media, superior, industrial y artística y de la educación física, 
quedándose a medio camino al no mencionar la educación de la 
primera infancia, la educación inicial, la educación especial, la 
educación de adultos, incluso la alfabetización y al no subrayar la 
amplitud del concepto de gratuidad de que se habla, en general limitada 
a la de la matrícula. Soy partidario de que próximos debates sobre la 
reforma de nuestra Constitución incluyan modificaciones de fondo y 
forma a este articulado, de modo que responda sin ambigüedades a las 
exigencias de la educación pública de hoy y de mañana. 

De la Ley General de Educación N° 18.437 del año 2008 voy a leerles 
fragmentos de los primeros artículos, que aportan a la conceptualización 
presente y vigente de nuestro tema. El artículo I o dice: “Declárase de 
interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho 
a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado 
garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus 
habitantes, a lo largo de toda la vida”. “Reconócese, se agrega, el goce 
y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social 
que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y 
social de todas las personas sin discriminación alguna”. (...) “La 
educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e 
integrada (...), como factor esencial del desarrollo sostenible, la tole¬ 
rancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la com¬ 
prensión entre los pueblos y las naciones". Finalmente, “La educación 
tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República 


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La Educación y los Derechos Humanos 


y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por 
nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo 
momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones 
educativas Suscribo el contenido esencial de lo que acaba de 
leerse. 

El necesario análisis del grado de cumplimiento de estos postulados, en 
términos cuantitativos y cualitativos, durante los cinco años en que han 
estado vigentes, nos exigiría ahora un tiempo del que no disponemos. 
Los años recientes han sido escenario de un agitado debate, con 
demasiada frecuencia de inspiración puramente partidaria, centrado, en 
lo esencial, en dos aspectos: los resultados cuantitativos del sistema 
público de educación, con mayor énfasis en las insuficiencias de la 
enseñanza media, y la adecuación de los contenidos y métodos de 
la enseñanza a las necesidades y expectativas de la sociedad. Pre¬ 
sentando muy superficial y desprolijamente, por no decir malinten¬ 
cionadamente estas complejas cuestiones, la oposición ha tensionado el 
debate al calificar hasta el hartazgo de “desastrosa” la situación actual 
de nuestra educación pública. 

He rechazado públicamente, y lo hago una vez más, este calificativo. 
Nuestro sistema educativo confronta problemas, como todos los del 
mundo; algunos de ellos pudieron y debieron haber sido evitados o 
superados; pero estamos lejos del desastre. Estamos, debemos estar 
todos, en el camino de seguir reconstruyendo, con imaginación y sin 
nostalgia, la confianza que tuvimos hasta mediados del siglo pasado en 
el sistema educativo y en sus trabajadores y realizar esfuerzos por 
atender debidamente el crecimiento del sistema, no tanto por cumplir 
con la ley sino por hacer realmente efectivo el derecho de todos a una 
educación de calidad. 

Los derechos de los educadores 

No pueden impulsar el conocimiento y el ejercicio efectivo de los 
derechos de sus alumnos aquellos educadores que no tengan plena 
conciencia de sus propios derechos y obligaciones o aquellos que se 


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La Educación y los Derechos Humanos 


vean compelióos a ejercer su profesión en un clima de represión o de 
cercenamiento de la libertad. En educación todos necesitamos res¬ 
pirar un aire de libertad. La construcción de personalidades libres no es 
posible desde postaras autoritarias, ni desde el miedo, la censura o la 
autocensura. En Uruguay hemos conocido el ejercicio de la docencia 
limitado por el terrorismo de Estado. Pensar en los años setenta y 
ochenta nos lleva a rendir homenaje a los trabajadores de la educación 
y a los estudiantes uruguayos y latinoamericanos sacrificados por haber 
defendido derechos y libertades. 

Pero nuestra ley actual no incluye una sección que deje claros cuáles 
son los derechos y deberes de los educadores, como en cambio lo 
hace, entre sus artículos 72 y 75, al especificar los derechos y de¬ 
beres de los educandos y de madres, padres o responsables. Es uno de 
los errores de la ley que nos rige. 

No es el caso, por cierto, de otros países ni de lo que sostienen las 
normativas internacionales. Me remonto a 1966, a la Conferencia 
convocada por la UNESCO y la OIT que adoptó la Recomendación 
relativa a la situación del personal docente, la que no ha sido modificadá 
hasta hoy, a casi medio siglo de su aprobación. Se trata de una 
recomendación, es decir, su texto no es vinculante para los estados. 
Permítanme evocar, resumiéndolas, algunas de las propuestas de esta 
Recomendación, cuya lectura debiera tener carácter obligatorio en todo 
centro de formación docente. Después de exponer un concepto 
avanzado de la educación, afirma que esta debiera tener por objeto 
inculcar un profundo respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, contribuyendo a la paz, la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y entre los diferentes grupos 
raciales o religiosos. El logro de estos fines y objetivos, agrega, exige 
que los educadores disfruten de una situación justa y que la profesión 
docente goce del respeto público que merece. Las organizaciones del 
personal docente deberían participar en la elaboración de la política 
docente, en la organización escolar y en todos los cambios que pudieran 
ocurrir en la enseñanza. Debería darse especial prioridad en los 
presupuestos de cada país a la asignación de una parte suficiente de la 


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La Educación y los Derechos Humanos 


renta nacional para el desarrollo de la educación. La retribución del 
personal docente debería ser objeto de negociaciones entre las 
organizaciones del personal docente y los empleadores, debiendo 
asegurarse un nivel de vida satisfactorio tanto para el personal docente 
como para sus familias, así como permitir a los docentes disponer de los 
recursos necesarios para perfeccionarse y afianzar sus cualificaciones 
profesionales. 

Formidable plataforma. La Recomendación cuenta también con una 
sección titulada Obligaciones del personal docente, donde se insta a los 
educadores a que se esfuercen por alcanzar los más altos niveles 
posibles en todas sus actividades profesionales y a las organizaciones 
de docentes a que traten de cooperar plenamente con las au¬ 
toridades, en interés de los alumnos, de la enseñanza y de la so¬ 
ciedad. 

A este documento internacional razonablemente avanzado, agrego 
otro. En los años noventa funcionó, designada por la UNESCO, la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors. Transcribo algunas de sus afirmaciones: “Para 
mejorar la calidad de la educación hay que empezar por mejorar la 
contratación, la formación, la situación social y las condiciones de 
trabajo del personal docente”. (...) ‘Las organizaciones del personal 
docente pueden contribuir de manera decisiva a instaurar en la profesión 
un clima de confianza y una actitud positiva ante las innovaciones 
educativas". (...) “El personal docente reclama con razón unas con¬ 
diciones de empleo y una situación social que demuestren que se 
reconoce su esfuerzo. Como contrapartida, los alumnos y la sociedad en 
su conjunto tienen derecho a esperar de maestros y profesores que 
cumplan abnegadamente su misión y con un gran sentido de sus 
responsabilidades”. "Ninguna reforma de la educación ha tenido nunca 
éxito contra el profesorado o sin su concurso”. Hasta aquí, el informe de 
la Comisión entregado a la UNESCO en 1996. 

Los años han pasado con balance insatisfactorio. Es lo menos que 
puede decirse; el mundo sigue teniendo cerca de mil millones de adultos 


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La Educación y los Derechos Humanos 


analfabetos; los niños y adolescentes ausentes de las aulas se 
cuentan también por millones. Y en cuanto a los derechos de los 
educadores y sus organizaciones, los periódicos de estas últimas 
semanas son elocuentes: en muchos países, tanto del Norte como del 
Sur, las confrontaciones entre por un lado los docentes organizados, hoy 
con la poderosa ayuda de la informática, y, por otro, las autoridades, 
empezando por las civiles y terminando por las policiales o militares, han 
ganado la calle y muchas de ellas han adquirido modalidades de 
extrema violencia. Lejos de contribuir a la dignificación de la pro¬ 
fesión docente y a la satisfacción de sus reclamos, en general rebosan¬ 
tes de legitimidad, se castiga físicamente a los profesionales de la edu¬ 
cación, tanto varones como mujeres, y se les acusa ante la opinión 
pública de perturbadores del orden público, cuando no de delincuentes. 
En el Norte la profunda crisis financiera lleva a los gobiernos, instados 
por el Fondo Monetario Internacional, a realizar ajustes presupuestarios 
cuyas primeras víctimas son los sistemas de educación pública y sus 
trabajadores. En el Sur, la necesidad de expandir la matrícula y de 
mejorar la calidad de vida de los docentes requiere mayores fondos, 
casi siempre negados, mientras los vaivenes políticos llevan a las 
autoridades a introducir reformas sustantivas en la educación sin 
ningún tipo de acuerdo previo con las organizaciones de docentes 
y estudiantes. Ante la protesta de unos, se pasa muy pronto por parte 
de otros a formas brutales de represión indignas del siglo. El 
diálogo es sustituido por el sable. En mayor o menor grado, así viene 
ocurriendo en mi Cataluña natal, en Madrid, Valencia, Grecia, México, 
Puerto Rico, Chile, Brasil... 

La penuria presupuestal de la educación es vieja conocida de los 
uruguayos. Deben reconocerse los notables progresos en tal sentido de 
los últimos años, pero todavía los salarios de los educadores son 
dolorosamente insuficientes. Me parece demasiado modesto pero digno 
de inmediato respaldo, el planteamiento de las organizaciones docentes 
de llevar a 6% del producto interno bruto la suma dedicada a la 
educación pública. Seguir avanzando no es solo tarea del Gobier¬ 
no; es la sociedad uruguaya entera, hoy en gran medida distraída por el 
consumismo y tantas formas de irresponsable despilfarro, la que tiene 


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La Educación y los Derechos Humanos 


que responder a la obligación del Estado de “garantizar y promover una 
educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la 
vida”, como lo prescribe el primer artículo de la Ley vigente. O bien los 
derechos de los estudiantes y de los trabajadores de la educación son 
debidamente atendidos, o bien el desarrollo personal, el saber y las 
competencias de los ciudadanos se irán distanciando de las nece¬ 
sidades del País. 

La condición dinámica de la relación educación/derechos humanos 

Volvamos a los grandes enunciados. Con sus limitaciones, reconocidas 
por sus autores, la Declaración Universal de 1948 fue haciendo camino. 
Constituyó un respaldo no solo al reclamo de aquellos derechos 
personales específicamente prescritos, sino que dio base al sur¬ 
gimiento de otros que la marcha de la historia y la lucha de los pueblos 
hicieron posibles. En efecto, se comenzó a considerar necesaria la 
consagración de los “derechos de los pueblos” y en la década de los 
años setenta las Naciones Unidas concentraron la acción de todas 
sus agencias en la implantación de lo que entonces se llamó el “Nuevo 
Orden Económico Internacional”, el cual, una vez aprobado por la 
Asamblea General con su correspondiente programa de acción, no tuvo 
posibilidades de concretarse en las transformaciones previstas, que eran 
realmente avanzadas. Quedó en el orden del día de la Asamblea 
General para recomendar nuevos estudios sobre la situación mundial. 
La fuérte motivación de aquellos años pasó al olvido, dejando apenas 
estupendos documentos. 

Hoy la lista de los derechos de las personas y de las colectividades 
humanas es realmente impresionante. Algunos de alcance universal; 
otros, adoptados a nivel regional, otros aun establecidos a escala 
nacional, gracias a la visión renovadora de movimientos de van¬ 
guardia. 

Un ejemplo: la situación de la mujer, tradicionalmente condenada a 
gozar de derechos y libertades insoportablemente inferiores a los de los 
varones. La Declaración de 1948 no le dedicó explícitamente ningún 


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artículo ni párrafo. Adscribió su nómina de derechos a “toda persona”, 
sin mayores distingos. Peor aún: confirmó su situación de dependencia 
al decir: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencias especiales”. No obstante, los movimientos feministas y sus 
grandes líderes fueron demostrando el carácter dinámico que tienen los 
derechos y la necesidad de ir enriqueciendo su definición, su debate y 
su adopción. Hoy, la relación de instrumentos jurídicos que reconocen 
nuevas libertades y derechos a las mujeres, en el mundo y en casi 
todos los países, es extensa. Hablo de ‘instrumentos jurídicos”, no 
de realidades. En muchos lugares y aspectos la situación de la mujer 
es todavía de flagrante discriminación. 

La dinámica y la interdependencia de los derechos humanos favorecen 
que grupos minoritarios de la sociedad, de características diferentes en 
el orden étnico, sexual, económico, lingüístico, se estén organizando por 
considerarse depositarios legítimos de derechos tan válidos como los de 
“toda persona”. La bandera de estos movimientos podría resumirse en la 
expresión “el derecho a tener derechos”. Las leyes aprobadas en 
Uruguay en fechas recientes nos colocan, en este sentido, en un 
honroso lugar de vanguardia. La creación de la Institución Nacional de 
Derechos Humanos constituye la ratificación oficial de que la lucha por 
los derechos humanos está permanentemente animada de dinamismo y 
creatividad. 

Afortunadamente, las ciencias informáticas aseguran, con la prácti¬ 
camente gratuita e inmediata comunicación, el contacto entre los 
interesados y la población en general, la constitución de redes, la 
organización de grandes manifestaciones cívicas. Los convocantes de 
estos nuevos movimientos no son necesariamente los líderes sino los 
problemas y sus correspondientes reivindicaciones. 

Es preciso reconocer que la aplicación literal de determinados derechos 
constituye una fuente de conflictos. Por ejemplo: la Declaración de 1948 
afirma: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente”. Nuestra Constitución es "mucho más sabia al procla¬ 
mar en su artículo 32 que ‘la propiedad es un derecho inviolable, pero 


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sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de 
interés general”. Cuando la propiedad adquiere exageradas dimen¬ 
siones, como ocurre entre nosotros en el caso de la tierra, el derecho 
“inviolable” a poseerla colide con el interés general, que tiene que 
atender derechos de similar categoría, como el derecho al trabajo de 
todos los productores campesinos. De ahí la acción en toda América 
Latina a favor de la reforma agraria, con alta participación de los 
educadores, que siempre consideramos al latifundio enemigo de la 
cultura y el bienestar. Esta Coexistencia desequilibrada de derechos ha 
de ser objeto de un potente y justo arbitraje por parte de las autoridades, 
con el respaldo de la sociedad sana, lo que me lleva a aplaudir la actual 
aunque todavía insuficiente vigorización de nuestro Instituto Nacional de 
Colonización. 

Otro ejemplo de colisión de derechos: el desarrollo científico y técnico 
ha permitido un profundo cambio en la producción a gran escala de 
ciertos productos agrícolas, en especial la soja. La tecnología empleada 
incluye el uso de sustancias agrotóxicas de extrema peligrosidad para 
personas y animales. Pero el aplicarla hasta ahora es un derecho. 
Dispongo de nueve informes de escuelas rurales uruguayas sobré las 
cuales se vertieron, por vía terrestre o aérea, agrotóxicos que están 
produciendo alteraciones en la salud de alumnos y maestros. Las 
normativas establecen que no se puede fumigar cerca de una 
escuela o centro poblado a menos de 300 metros de distancia si se 
trata de aspersiones terrestres y de 500 si se realizan por avión. ¿No es 
más respetable la salud de nuestros escolares y maestros que la 
productividad de un campo? Se trata de un abierto conflicto de 
intereses, de la invocación abusiva y solapada del derecho a la 
propiedad y al trabajo, de un caso en que la acción correctiva de las 
autoridades ha de ser ejemplarizante. No basta con consagrar derechos; 
también existe el derecho a que los derechos se respeten. 

Un campo en extendido litigio conceptual y vital es el de las relaciones 
entre la pobreza y los derechos. Las declaraciones y compromisos 
abundan, los proyectos y métodos de trabajo son infinitos y no es mi 
propósito negarles mérito. Lo irritante es que vamos erradicando pobres 


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pero no la pobreza. La mayoría de las sociedades están organizadas de 
tal manera que el ingreso a la condición de pobres de nuevos 
contingentes humanos es incontenible. La FAO denuncia que todavía 
870 millones de personas padecen hambre. Soy un convencido de que, 
sin mudar a fondo las condiciones actuales de distribución de bienes y 
servicios y en particular las inmensas riquezas de que dispone una 
minoría de personas y de empresas, no será posible que todos los 
habitantes vean cubiertas adecuadamente, como tienen derecho, por lo 
menos sus necesidades básicas. 

Esta posición radical, de la que como educador me hago responsable, 
me permite dudar de la eficacia de muchos programas llamados de 
“erradicación de la pobreza y la indigencia”, así como de la veracidad de 
las estadísticas, que en ocasiones se proclaman, abusivamente, como 
reveladoras de la progresiva extinción de la pobreza, con olvido de su 
frecuente condición de subcultura estructuralmente cronificada. 

En el mundo entero predomina en esta materia una cierta hipocresía. 
Incluso la literatura internacional, al denunciar flagrantes iniquidades, 
omite exponer las verdaderas causas de fondo de la injusta distribución 
de los bienes, “pone vaselina” sobre los problemas, como diría nuestro 
Julio Castro, y fomenta la perpetuación de los Estados amortiguadores. 
El Estado de bienestar, tan extendido en el siglo XX, respaldó la difusión 
de los derechos humanos, pero el sistema capitalista, en sus múltiples 
modalidades, ejerció todas las formas de poder para conservar sus 
privilegios, incluso organizando la violenta represión de los intentos 
reivindicativos de las colectividades pobres. Con el estímulo y respaldo 
de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, América Latina fue, y 
sigue siéndolo aunque cada vez menos, un terreno propicio a la 
contención de todo proceso liberador, apelándose incluso al magnicidio. 
Las fuerzas armadas, a las que yo considero totalmente prescindibles, 
tiñeron de crueldad los propósitos de las oligarquías locales. Hace varios 
años, en una asamblea de jóvenes sobre estos temas, uno de ellos dijo: 
“los pobres no podemos esperar”. Tal vez lo hayamos obligado a 
pasar de esa impaciencia a nuevas formas de rebelión. He sido 


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La Educación y los Derechos Humanos 


testigo de este tipo de procesos en Boiivia, Chile, Guatemala, México, 
Nicaragua y otros países. 

Como corolario, citaré a Frangois Julien, quien no cree adecuado el 
adjetivo “universal” aplicado a los derechos humanos y recomienda que 
se les considere “universalizantes”, en la medida en que aquellos no 
están realmente instaurados, aunque su aplicación tiende a genera¬ 
lizarse. Así calificados, los derechos humanos adquieren un significado 
militante, activo, inductor de transformaciones. 

Se dirá, con toda razón, que mi discurso es panfletario y que está reñido 
con los valores académicos propios de este recinto. Lo siento, pero no 
desisto: se me ha pedido que trate el tema en tanto que educador y este 
es mi lenguaje de educador. Por otra parte, este Paraninfo es el mejor 
recinto para hablar con claridad. También en él se han librado batallas 
por la libertad. 

La “enseñanza” de los derechos humanos 

Finalizo con algunas consideraciones acerca de la enseñanza de los 
derechos humanos, limitándome al sistema formal de educación pública 
en los niveles preuniversitarios. No encuentro muy feliz la expresión 
“enseñanza de los derechos humanos” porque la tarea consiste mucho 
menos en informar e instruir acerca de ellos que en lograr que los 
centros educativos, desde el jardín de infantes hasta la universidad, se 
constituyan en comunidades donde el ejercicio de los derechos 
humanos sea vivido crítica, consciente y responsablemente, tanto por el 
personal docente como por el alumnado, para constituirse en uno de 
los componentes fundamentales de su proceso de desarrollo perso¬ 
nal y colectivo. 

En el fondo, esto mismo es lo que los educadores preconizamos para 
todas las áreas de formación, como lo viene sosteniendo el Grupo de 
Reflexión sobre Educación, que integro: es necesario enriquecer la 
enseñanza con la vivencia profunda de la incorporación crítica del 
conocimiento y la construcción del saber a través de la experiencia 


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La Educación y los Derechos Humanos 


internalizada. El objetivo es lograr que el alumno, además de conocer, 
se conozca, sea, sea él mismo y aprenda a convivir con los demás, 
aportando individual^ colectivamente a la edificación de una sociedad 
donde los derechos humanos y las libertades sean ejercidos por 
todos. Algo así como incorporarlos mucho más a la mente y al 
comportamiento que al cuaderno de clase, lo que obliga a desarrollos 
más amplios, puesto que los derechos humanos responden a una 
concepción de la sociedad y la dignidad de las personas y no es 
posible tratarlos como simple enumeración normativa sino consi¬ 
derándolos siempre como construcción y reconstrucción dinámica 
de la formación cívica del ciudadano del futuro. 

Me complace poderles decir que en Uruguay hemos aprovechado 
muy positivamente estos últimos años. Todos los planes y programas de 
estudio a nivel preuniversitario fueron actualizados entre 2006 y 
2008, y el tratamiento de los derechos humanos está presente en todos 
ellos, de manera transversal, dialogal, con participación responsable del 
alumnado. Hoy la obligatoriedad escolar se extiende por 14 años, desde 
los 4 hasta los 18 años de edad, de modo que teóricamente en el futuro 
todo uruguayo ingresará en el ejercicio de la ciudadanía equipado para 
asumir la defensa y la práctica de los derechos humanos. Convertir 
esta finalidad en realidad constituye todo un desafío, del que la 
educación, a mi juicio, es la herramienta fundamental. Es urgente, por 
poner un ejemplo, avanzar en la plena aplicación de la primera línea del 
actual programa de Primaria, que dice: “El Programa Escolar del 
Consejo de Educación Primaria se centra en los Derechos Humanos”, 
para lo cual es preciso que el Sistema Educativo goce de la autonomía y 
de todas las garantías profesionales y materiales, para hacer de esa 
consigna una realidad plena y universal. 

Se ha avanzado, repito. No me puedo privar de mencionar que en 
2005 el CODICEN de la ANEP resolvió que en los programas de 
enseñanza de todos los niveles se actualizara el conocimiento de la 
historia reciente, superando así la irresponsable y timorata disposición 
que durante veinte años de la posdictadura prescribió que la enseñanza 
de la historia nacional solo debía abarcar hasta el año 1967. 


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La Educación y los Derechos Humanos 


Es necesario, me parece, que ia acción educativa así inspirada sea lo 
más temprana posible. Ya en la guardería el niño configura su 
sociabilidad; es importante que esta sea acompañada por una pe¬ 
dagogía centrada en el goce de todos los derechos propios de esa edad 
y, a la vez, en la construcción de un ámbito vivencial respetuoso de los 
derechos de los demás. Herramientas como el diálogo, la par¬ 
ticipación, el debate colectivo, la negociación, la asunción de respon¬ 
sabilidades, la aceptación del error, la superación del individualismo, han 
de ser experiencias lo más tempranas posibles en la vida del niño y han 
de ser profundizadas, cada vez con mayor capacidad de análisis crítico, 
a lo largo de los cursos, de manera que el desarrollo ético sea tan sano 
y robusto como el crecimiento biológico. Es un progreso que el 
programa de 2008 para la educación inicial proponga la sensibilización 
ética de los niños desde los tres años de edad y sugiera, entre otros 
temas: “El lugar personal, el lugar del ‘otro’ y el de ‘nosotros"'. Entre las 
causas de la inseguridad pública de que tanto nos quejamos debemos 
tener presente el desconocimiento de los derechos del “otro”. El manual 
“Cultura de Paz”, elaborado por el Movimiento de Educadores Uru¬ 
guayos por la Paz, que tengo el honor de integrar, aporta valiosas 
sugerencias metodológicas a este respecto. 

Las noticias cotidianamente difundidas sobre el incremento de la 
delincuencia infante juvenil, cada día más precoz, parecen desmentir 
estos planteamientos educacionales no carentes de ilusión. Afirmo 
que el enfoque represor de estas situaciones no es el adecuado. Hemos 
de trabajar preventiva e integradamente los problemas que afectan a 
nuestra niñez y juventud y encomendar al sistema educativo nada más 
ni nada menos que velar por hacer de la educación en derechos 
humanos la columna vertebral de una convivencia que sustituya la vio¬ 
lencia por el diálogo, el individualismo por la solidaridad, la discrimi¬ 
nación por la igualdad. 

Tal transformación supone grandes cambios: en la formación y 
condiciones de trabajo de los docentes, en la organización y gestión 
de los centros educativos, en los métodos de enseñanza, en la 
articulación entre enseñanza y trabajo, en la concepción de la 


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evaluación, en los recursos materiales de apoyo, en las relaciones 
con la comunidad y en particular con las familias, en el papel de la 
justicia en la sociedad, a la que por mi parte deseo ver reforzada y 
reorientada, y en el aprovechamiento de las inmensas posibilidades que 
hoy nos ofrece la informática, velando por hacer de esta una herra¬ 
mienta más a favor de la convivencia, la paz, la fraternidad. 
Apasionantes y promisorias tareas. 

Termino con una última reflexión: todos, sin distinción alguna, 
tenemos derecho a saber. El ser humano es un ente racional y el 
acceso irrestricto al saber, iluminado por la verdad y el derecho, es un 
requisito indispensable de su correcta toma de decisiones. Ahora bien, 
lamento decir que es frecuente que nos sintamos acosados por los 
prejuicios, la mentira, la banalidad, el consumismo, el despilfarro, la 
distorsión ética y el mal gusto, estético. Espero que la Ley de 
Medios en actual deliberación legislativa devuelva la necesaria sensatez 
a tantos mensajeros carentes de valor y de valores. Invocando la 
libertad de expresión, en la que creo, se socava con poderosos medios 
la acción de los educadores sobre nuestra juventud. Proclamo el 
derecho a la generalización del saber limpio, abierto, antidogmático y 
disfrutable, construido y compartido por todos. 

Dejo estas reflexiones para el debate y en particular para sentirme cerca 
de los jóvenes y apoyarlos en su esfuerzo por hacer de su indignación 
un viento liberador. Y gracias a todos ustedes por haberlas escuchado. 


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